Pero, pese a las nacionalizaciones promovidas por el Ejecutivo de Evo Morales, lo cierto es que Iberdrola tampoco parece estar muy preocupada por falta de liquidez. El presidente, Ignacio Sánchez Galán, se embolsó en 2008 hasta 17 millones de euros, mientras que la media que percibieron los consejeros fue de 11 millones. Pese a que en 2009 congelaron su salario, aquel año 2008, experimentaron una subida de más del 24%. Casi nada. Y en este banquete hay sitio también para políticos, como el ex secretario general del PP, Ángel Acebes, que fue elegido consejero de Iberdrola a mediados del 2012, o el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que fue también fichado como consejero.

Mientras el gobierno boliviano nacionaliza empresas eléctricas para bajar las tarifas de luz, aquí en España, el ministro de Energía español, José Manuel Soria, anunció que en enero las nuestras subirán -de nuevo- un 3%. En nuestro país, la filosofía de los políticos es diferente: “Si la electricidad sube o baja no será por decisión del Ministerio, sino por los oferentes y demandantes del mercado”, indicó. El paradigma que rige la actuación de nuestros Gobiernos puede resumirse en la siguiente frase, del Ministerio de Energía: “La liberalización de los mercados conlleva competencia en la prestación del servicio, con el consiguiente beneficio para los consumidores”. Algo que, en España, para nada se ha cumplido, ya que la factura de la luz sube varias veces al año. Facua, por su parte, denunció este sábado que la subida anual es de más del 8%.

Y es que el norte político, en Bolivia, tras décadas asfixiada por la deuda que ahora padecemos nosotros en toda su crudeza, es otro. La Constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos “son un derecho humano, y un derecho humano no puede ser negocio privado”.

Iberdrola, en su web, anuncia a bombo y platillo su participación en la campaña ‘Cumpledías’, de Unicef, que, según afirman, logró en la anterior edición recaudar “fondos equivalentes al tratamiento necesario contra la desnutrición durante 21.790 días”. Es la cara amable, que sí tiene publicidad y da la imagen de que Iberdrola es casi una ONG. Pero la realidad es que en algunas partes del mundo se alivia un poco el terrible dolor de miles de personas, mientras en otros se expolia a millones sin ningún complejo. “España lamenta la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas”, dice el Ejecutivo. España no lo lamenta, lo hacen los de siempre.

Autora: Omnia Nur, 

Dalila Benrahmoune posa junto a una de sus fotografías – O.N.

El pasado domingo, se inauguró la exposición fotográfica de la ex directora del canal Córdoba Internacional, Dalila Benrahmoune, en la Casa de Zamora, en Madrid, bajo el título ‘Educación integrista’. De mirada inquieta, esta educadora musulmana de origen argelino pretende denunciar con sus fotografías el discurso patriarcal que alimenta a la mayoría de las comunidades musulmanas.

Para darle fuerza a su discurso, se apoyan normalmente en fetuas (pronunciamientos legales) de conocidos erutidos que emiten vía satélite. Iqraa, Al Resalah y Al-Nas son canales islámicos conocidos por la mayoría de los musulmanes arabófonos, en los que el clérigo, sentado tras su mesa, rodeado de cuadros con versículos del Corán, recibe llamadas de diferentes partes del mundo sobre todo tipo de temas (familia, economía, brujería, etc.). El erudito escucha detenidamente el problema que le plantea la persona que está al teléfono y, en pocos minutos, emite un pronunciamiento legal.

Este método ha sido criticado en numerosas ocasiones por los propios musulmanes. No es posible conocer con profundidad la situación de cada persona y emitir pronunciamientos legales en pocos minutos. Es necesario estudiar muy bien la situación en la que se encuentra cada persona para obtener un dictamen, basados siempre en el Corán, y la Sunnah (vivencias del profeta Muhammad), tomándose el tiempo que sea necesario.

A Dalila le preocupan los mecanismos de educación en estas comunidades musulmanas. Dado que ha trabajado en varios proyectos educativos islámicos, conoce muy bien cómo funcionan estas instituciones dentro de España. Dalila considera que no desarrollan en los jóvenes una educación sana sobre el islam. Dichas instituciones, sostiene esta joven educadora, no se preocupan por sensibilizar sobre la importancia del papel de la mujer, ya que se apoyan en culturas patriarcales que subordinan la presencia y el papel de la mujer al hombre.

En este contexto, Dalila llama a cuestionar las visiones tradicionales y literales del Corán, hechas por hombres, que niegan la libre interpretación y mantienen así sus intereses familiares, sociales, económicos,  etc. A pesar de la presión y las amenazas que sufren mujeres como Dalila Benrahmoune, por su condición de feministas, acusadas de querer distorsionar el mensaje del islam, estamos viendo como muchas de ellas, apoyadas también por hombres, luchan contra las conocidas fetuas de los dueños del pétroleo, ya que la mayoría de éstas proceden de Arabia Saudí.

Estas son algunas notas que acompañan las fotografías de Dalila Benrahmoune :

“Ten cuidado de imitar a las mujeres occidentales, de estar a solas con un hombre, de viajar sin familiar hombre, de perder el pudor”, Abdulaziz Al-Fauzan, teólogo musulmán y presidente del Canal Córdoba Internacional.

“A las mujeres hay que azotarlas, la vida con ellas es imposible sin acudir a los golpes, es una ley divina, Muhammad Al Arifi, teólogo musulmán.

“No te dejes engañar por Occidente y su sistema familiar, tú estás hecha para permanecer en tu hogar y cuidar de tus hijos y marido”, Aid-Al-Qarni, teólogo musulmán.

Clérigo musulmán asegura que el islam ordena golpear a las mujeres

Muhammad Al Arif explica a jóvenes cómo hay que pegar a las mujeres, está prohibido pegar en la cara, hay que hacerlo con un cepillo de dientes.

Concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – EFE

Sé que no toca, que ahora quien gobierna es otro partido, que está dilapidando aún más rápido el Estado del Bienestar de lo que lo hizo el PSOE. Es cierto. Pero ahora que tanto se habla de la negativa de Rubalcaba a dimitir, de la necesidad de regeneración de un partido que ha alcanzado mínimos históricos de apoyo ciudadano, creo más importante que nunca recordar que no se trata de que al frente de la formación esté uno u otro candidato. Es un problema más profundo, estructural. El PSOE perdió el apoyo mayoritario porque en el gobierno, durante ocho años, no actuó como un partido socialista, es decir, como aquello que un ciudadano esperaba cuando les votó. Y esto se ve muy bien en su actuación ante el problema de los desahucios y la dación en pago.

Ya en 2007 la preocupación era precisamente otra. La entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, anunciaba la creación de juzgados específicos para desahucios. Por entonces, la tesis del PSOE era que contra los desahucios no había que hacer nada, más bien al contrario, y que para paliar esto había que incentivar ayudas al alquiler. El objetivo de estos nuevos juzgados era agilizar el proceso.

Esto no cambió con la reelección del PSOE. Ya era 2010 cuando el, por aquel entonces, ministro de Fomento, José Blanco, se mostró “dispuesto y abierto” a estudiar medidas para evitar que se incrementara el número de desahucios. Es decir, estaban dispuesto a pensar si en un futuro se podría hacer algo. Cero voluntad real, ya a mitad de la segunda legislatura. El PSOE sostenía que ”aceptar la dación de viviendas en pago de las hipotecas pondría en dificultades el sistema financiero”. El razonamiento es perverso: un ciudadano no paga, pierde su casa, y encima se queda con una deuda de por vida. ¿Y el que podría entrar en dificultades es el “sistema financiero”?

Dos años después vemos que los bancos siguen con los mismos problemas, que sus directivas siguen cobrando y jubilándose como faraones, mientras que las familias y ciudadanos están quedándose en la calle y llegando a situaciones extremas.

Pero… ¡sorpresa! Llegaron las elecciones de 2011 y la cosa cambió. Después de ocho años en el poder, Rubalcaba se postula, sabiendo que no hay nada que hacer, como el candidato que acabará imponiendo la dación en pago. Tarde.

Una vez pasadas las elecciones, el PSOE cambió de nuevo su postura. En una votación en el Congreso propuesto por Izquierda Plural para aprobar la dación en pago, el partido socialista se abstuvo. El Grupo Socialista entendía que había aún muchas cuestiones que plantear, como es el caso de una ley de solvencia personal. De nuevo, balones fuera.

Ocho años de actuar como sus votantes no se esperaban ha causado la situación actual. La crisis baja la popularidad de los gobiernos, pero aún más el hecho de que uno renuncie a las ideas que supuestamente defiende y pierda el norte ideológico. Lo principal fue inyectar dinero a la banca y no poner ni un sólo dique social al naufragio en el que ahora nos encontramos.

Vecinos encienden velas en la puerta de la librería que regentaba el fallecido – Granadaimedia

Hace sólo una semana, el abogado de Stop Desahucios de Granada, Pepe Iglesias, advirtió, en una frase que habría sido una premonición si no fuera una terrible norma, que “más del 30% de los suicidios que se producen en España se deben a desahucios, una estadística que se silencia”.

Hoy, de aquella misma ciudad ha llegado una noticia que nos ha sacudido a todos. Un vecino del barrio de la Chana, de 54 años, José Miguel Domingo, se ha suicidado la misma mañana en la que se iba a enfrentar a su desahucio. A las 10:00 horas, la Comisión Judicial que lo iba a hacer efectivo comprobó que había fallecido.

Domingo regentaba una librería junto a la frutería de su hermano. Allí, en un patio interior, se ahorcó asfixiado por la hipoteca. Tenía dificultades para pagar, pero a él no lo rescató nadie. A diferencia de la suerte corrida por los bancos, ninguna partida en los presupuestos del Estado estuvo reservada para él, ningún fondo europeo acabó en sus manos, ninguna ley se cambió para permitirle un alquiler social a un precio razonable y asequible.

Hay que recordar que Domingo no había intentado comprar un bien de lujo, sino uno de necesidad, reconocida como derecho humano y recogida en la Constitución. [Art.47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación]

Aunque aún no hay datos oficiales del INE sobre el aumento de la tasa de suicidios a raíz de la crisis, los colectivos sociales y algunos partidos políticos comienzan a alertar de este drama. Formaciones como Izquierda Unida sostienen que actualmente hay una media de 10 suicidios al día, una cifra sensiblemente superior a la de hace cuatro años.

En esta línea, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado que, si lo que llamamos “crisis” es, en realidad, una “estafa”, lo que denominamos “suicidios” es un “genocidio”. El grupo Stop Desahucios del 15-M de Granada considera que lo ocurrido hoy “es un auténtico asesinato del que son responsables todas las entidades e instituciones que lo han provocado”.

Por eso, han comenzado a convocarse concentraciones de urgencia para el viernes 26, a raíz de la muerte de Domingo, y varias ciudades se han sumado ya. Aquí puedes ver las que ya están confirmadas.

A pesar de que el FMI, el BCE y el Gobierno nos intentan convencer de que estas medidas sirven para salir de la crisis, lo cierto es que los datos apuntan a lo contrario. El informe Global de Riqueza, que elabora anualmente Credit Suisse, es esclarecedor. España tendrá en 2017, cuando ya se supone que llegaremos al final del túnel, 616.000 millonarios, el doble de los que hay ahora. Esta proliferación de los millonarios en tiempos de recortes, en medio de una absoluta tragedia social que alcanzará a innumerables familias españolas, no será un producto patrio en exclusiva: En el conjunto del mundo, en 2017 el número de millonarios será de 46,5 millones, un 62% más que los 28,6 millones que existen en la actualidad. Parece ya claro que la crisis, que ha permitido legislar a favor del despido barato, de la privatización (a dedo) de servicios públicos y del desmantelamiento del Estado del Bienestar, está sirviendo, sobre todo, para crear un modelo neoliberal puro que negará la riqueza a las sociedades y la acumulará en las élites.

Mientras tanto, para el año que viene, ya nos han echado otro jarro de agua fría. A pesar de que el Gobierno vende que el PIB español caerá un 0,5% en 2013, el FMI ha asegurado que lo hará un 1,3% y, de paso, ha dejado caer que el organismo financiero acogería positivamente un rescate a España. Éste implicaría, naturalmente, una batería de condiciones, ya conocidas: recortes públicos, despido de funcionarios, aumentos de impuestos… Más de todo lo que hemos sufrido estos meses. Ya lo hemos visto en Italia, Grecia y Portugal. Ellos son nuestros espejos.

Protesta el pasado 16 de septiembre frente al Parlamento portugués en Lisboa – Foto: EFE

La mayoría recordará aquella portada de La Razón en la que se mostraba a un Mariano Rajoy íntimo, que pasaba unas vacaciones en familia como cualquier ciudadano. “El presidente más familiar”, rezaba el titular, y debajo aparecía la siguiente frase: “Viajó en coche, y no en helicóptero, [...] e incluso se llevó “tuppers” de la Moncloa”. Qué austero, ¿verdad? Pues va a ser que no. Hoy varios medios han publicado que sólo la cena de Rajoy en su viaje a Polonia durante la pasada Eurocopa costó 1.000 euros.

Esta noticia, junto a otras como la de que el Congreso gasta en viajes más de 19.000 euros por diputado, es representativa de los desfases de muchos de nuestros políticos y ya ni nos sorprenden. Que el dinero público se destine al capricho de alguien que debería ser un representante de todos nos parece algo normal. Hemos desarrollado tolerancia a la corrupción, pero los recortes se cargan sobre las espaldas de los ciudadanos. Mientras, la lógica indignación de la ciudadanía es criminalizada por muchas muestras que dé ésta de su pacifismo. Es el caso de la convocatoria ‘Ocupa el Congreso’.

Desde el Gobierno han acusado a sus promotores de querer dar un “golpe de Estado”, aunque las armas de los “golpistas” son sus pancartas y sus gargantas; han intoxicado la opinión pública con la supuesta participación de “grupos nazis”, cuando no existe ninguna evidencia ni reivindicación que apunte a ello (más bien todo lo contrario); han identificado a decenas de activistas en base a previsibles delitos futuros, al más puro estilo Minority Report (o de una dictadura, para dejar a un lado metáforas suaves y cinematográficas).

Y mientras, Portugal, ese país vecino al que miramos poco y tiene mucho que enseñarnos, vio la semana pasada cómo miles de manifestantes rodearon el Parlamento sin que ocurriese nada parecido a un golpe de Estado. Se vio como lo que fue: una protesta cívica. Lo que sí ha hecho el Gobierno portugués, en lugar de criminalizar a los manifestantes, ha sido revisar su propuesta de subida de impuestos.

Si el #25S es un golpe de Estado, ¿qué es esto?

1- Reformar la Constitución para que el pago de la deuda (y sus intereses) sea lo prioritario, dejando en segundo lugar las políticas sociales y el bienestar de los ciudadanos.

2- Concurrir a las elecciones con un programa electoral e incumplir lo que éste dice en cuanto a políticas sociales, impuestos, etc.

3- Entregar la soberanía del país, es decir, también del Congreso, al BCE y otras instituciones externas a las que nadie (ni en España ni en ningún lugar de Europa) ha votado: “El BCE asesora en secreto a Rajoy para mantener la apariencia de soberanía”, EcoDiario.

En realidad, los primeros que hicieron un ‘Ocupa el Congreso’ fueron los mercados. Por eso los promotores del 25S hablan de rescate. El de los ciudadanos.

Detalle de la citada portada de La Razón.

Ayer Julio Anguita presentó oficialmente su proyecto bautizado como ‘Frente Cívico-Somos Mayoría’, al que ya se han sumado 20.000 personas, una cifra nada desdeñable para una iniciativa que acaba de nacer. Este frente tiene vocación de potencia hegemónica, como cualquier otra organización política, sólo que Anguita parece decirlo claramente. Él y sus compañeros quieren imponer, sin necesidad de presentarse a las elecciones, su fuerza política, la de la mayoría social, lo que es, en última instancia, construir soberanía nacional. Lo anterior es, presentado de forma clara, la intención del 15-M, sólo que con elemento nuevo: el liderazgo. Anguita ha visto algo muy valioso en el movimiento de los indignados, ese vendaval que ha venido a abrir las ventanas de nuestra anquilosada democracia y a llenar nuestro cerebro de oxígeno. Los partidos han envejecido de pronto. La democracia no era mercadear con nuestros votos cada 4 años, sino la acción política de ciudadanos conscientes a los que les parecen insuficientes estas estructuras. Incluso a IU le ha venido bien el 15-M para limpiar telarañas. Ser de izquierdas no era atrincherarae en viejos símbolos, era defender sus valores. Anguita ha visto todo eso y ahora no quiere hablar de izquierdas y derechas, sino de cumplir radicalmente la declaración Universal de derechos humanos, de defender la justicia social, de construir la soberanía del pueblo, de los ciudadanos, ante el “azar” del mercado. Eso es izquierda, pero Anguita prefiere no empaquetarlo, y eso permite a cualquiera, tenga el origen ideológico que tenga, hacer suyo sus principios. Y así, al fin, engarza su estrategia actual con la que siempre reivindicó: “programa, programa y programa”. Y se cierra el círculo. Justo hoy ha salido a la palestra la CEOE para contradecir al Gobierno. En 2013 habrá más parados de los que se decía: serán 6 millones. La economía se contraerá un 1,6%, en lugar del 0,5% que calculó el Ejecutivo. De nuevo el “azar del mercado”, que nos pedirá más sacrificios en sus altares. Por eso el Frente Cívico de Anguita, que no se presentará a las elecciones y que, por tanto, previsiblemente, no pecará de acciones electoralistas, ilusiona como camino para construir una ciudadanía consciente de su papel como sujeto político. Algo que, desde luego, nos hace mucha falta.

Actuación de teatro en Casablanca durante su primer aniversario – Foto: Fotogracción

Érase una vez un centro social donde confluían, en pleno centro de Madrid, colectivos ciudadanos de toda clase: grupos de teatro, sindicales, asociaciones de inmigrantes, asambleas de estudiantes, parados… Érase una vez un bloque de pisos de lujo propiedad de una inmobiliaria especuladora, que ha estado imputada por corrupción urbanística, que llevaba meses vacío hasta que un puñado de locos decidieron darle vida y abrirlo a todos.

Yo he estado en varias ocasiones en Casablanca: cuando era estudiante y nos oponíamos al plan Bolonia, descansando durante la última huelga general o simplemente para tomar algo. Siempre fue una casa para todos. Desde hoy, como cuenta mi compañero Luis Giménez en Público, ya no lo será más. Hector Juanatey, en El Diario, explica el duro golpe que supone al 15-M de cara a la convocatoria ‘Ocupa el Congreso’.

Casablanca era un centro social ocupado, es decir, no era legal (tampoco lo ha sido el desalojo). Hoy, seguimos teniendo cientos de desahucios al mes, miles de casas vacías, agujeros criminales en la banca que pagamos todos y de los que se benefician sólo unos pocos, presupuestos opacos para instituciones opacas, políticos corruptos… Lo que no tenemos ya en Madrid es uno de los más importantes centros sociales que había. Todo lo demás puede seguir como estaba.

Hoy mismo había programado allí un taller del colectivo Yo Sí Sanidad Universal, formado por ciudadanos y médicos objetores a la reforma sanitaria del PP. La semana que viene, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos estaba preparando una fiesta de presentación que previsiblemente se celebraría en el lugar. Los días estaban llenos de vida y rebeldía en la agenda de Casablanca. Sin embargo, hay algo que me alegra: el centro social era un edificio, pero también un nodo, un punto de encuentro, una red, y esa, de momento, no la han desalojado. Por eso, esta despedida sea seguramente un hasta pronto.

P.D.: Hoy a las 20h en Plaza Lavapies concentración por el #DesalojoCasablanca

Detención de Chema Ruiz y de tres manifestantes más durante el 15S.

Los promotores de la iniciativa ‘25S-Ocupa el Congreso’ han denunciado hoy una campaña de hostigamiento desde Delegación del Gobierno, después de que ayer se produjeran cuatro detenciones contra manifestantes que portaban una pancarta de la convocatoria y hoy hayan sido identificadas decenas de personas reunidas en una asamblea de coordinación de la cita.

Tras las detenciones de ayer, la Coordinadora 25S, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos emitieron comunicados en los que denunciaron unos hechos que no han dudado en calificar como “detenciones preventivas”. Pocas horas después, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, también expresaba su apoyo a los detenidos. “La detención de manifestantes pacíficos es parte de la estrategia de tensión y criminalizacion de la movilización por parte del gobierno”, escribió en su cuenta Twitter.

Esta tarde, los organizadores de la cita del 25S han vuelto a encontrarse con la policía. Dos furgones se han acercado hasta el parque de El Retiro, donde se estaba celebrando una asamblea, para acordonar a las decenas de asistentes e identificarlos por “reunión no autorizada”.

Tras estos hechos, veinticinco de ellos han acudido a los juzgados de Plaza de Castilla para interponer una denuncia colectiva ante una actuación policial que consideran una “vulneración de la intimidad de las personas que en ese lugar se encontraban reunidas con la finalidad de discutir cuestiones políticas”. “Nos encontrábamos sentados junto al Palacio de Cristal del Parque del Retiro sin impedir ni limitar el tránsito público”, remarcan en el texto de denuncia.

La base de la denuncia, según explica Juan Moreno, abogado que lleva el caso, son los artículos 540 y 542 del Código penal, que pena a la autoridad o funcionario público que “prohiba una reunión pacífica” o que “impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, respectivamente.

“El objeto ha sido violar la intimidad de las personas, porque la reunión tenía carácter político. También han violado el derecho de reunión y de libertad de expresión ya que, aunque desde Delegación alegan que era ilegal —al ser una reunión de más de veinte personas—, esto no se puede aplicar aquí, pues estábamos en un parque sin impedir el tránsito ni crear amenazas a la seguridad”, defiende Moreno.

El letrado asegura que uno de los mandos reconoció que eran órdenes. “No había policía por allí y de pronto llegaron dos furgones; eso es que alguien está haciendo un seguimiento”, señala, y denuncia que se está haciendo un uso “ilegal” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el objetivo de “amedrentar de una manera antidemocrática a una parte de la población que protesta”. “Es el derecho penal del enemigo, de la prevención de supuestos delitos futuros sin que haya ninguna prueba de por medio”, afirma Moreno.

En este contexto, los organizadores del 25-S estarían sufriendo “actuaciones preventivas”. “La Delegación del Gobierno quiere deslegitimar el movimiento de protesta llamándonos antidemocráticos, utilizando métodos dictatoriales y represivos”, zanja.

“Están intentando desmovilizarnos”

“Éramos cerca de medio centenar de personas reunidos en la típica asamblea, cuando han llegado los agentes”, cuenta Chema Ruiz, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y uno de los asistentes a la asamblea de esta tarde.

“Si sumamos el caso de las detenciones de ayer con lo que ha pasado hoy, el asunto ya es sospechoso. Están haciendo detenciones preventivas, y no es lógico que en un Estado de Derecho se vulnere el derecho al debate político”, señala.

“Lo que viene en cuanto a recortes es duro, y estamos viendo cosas como la amenaza velada de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que sugirió hace unos días que realizarían entre 800 y mil detenciones el 25S”, apunta, y añade: “están intentando de nuevo desmovilizar a la ciudadanía, aplicándonos sanciones económicas que frenan estos movimientos”.

Cifuentes ha dedicado palabras muy duras a la convocatoria, que ha calificado de “golpe de Estado”. Además, llegó a afirmar que tenía localizado a un grupo de “entre 800 y mil y pico personas que están en todo y son los que provocan los incidentes”, declaraciones que posteriormente matizó.

Cuatro detenidos ayer

Ruiz fue precisamente uno de los dos detenidos ayer. “Fue algo rápido y vergonzoso: llegamos, desplegamos la pancarta, se acercaron tres miembros de la policía, hicieron una llamada y nos identificaron”.

Ya le habían mostrado sus documentos de identidad a los agentes cuando, asegura, una docena de agentes formaron un cordón y, entre empujones, les comunicaron que estaban detenidos.

“Nos cogieron a dos de los que estábamos. Yo le pedía la razón de la detención, pero se pusieron agresivos, a un compañero lo estrangularon y perdió el conocimiento y a mi me golpearon y me rompieron las gafas”, explica.

Hoy, Cifuentes ha asegurado que es “rotundamente falso que se haya detenido a nadie por llevar a una pancarta”, y defiende la versión dada desde Delegación del Gobierno de que los manifestantes se resistieron a la autoridad. “Es mentira, me pidieron la identificación y me devolvieron el DNI antes de las detenciones”, responde Ruiz, que explica que le han imputado resistencia y desobediencia.

Publicado originalmente en Público

Gallardón pretende incluir como delito la difusión de mensajes que inciten a la alteración del orden público – EFE

El informe sobre la reforma del Código Penal presentado ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pone en el punto de mira a los ciudadanos que salen a la calle a protestar en tiempos de recortes.

Gallardón ha adelantado que se incluirá como delito la difusión de mensajes de movilizaciones que inciten a la alteración del orden público, algo que, según señala Eric Sanz, abogado de la comisión Legal del 15-M, “es un cajón donde cabe absolutamente todo”.

El movimiento de los indignados suele convocar concentraciones mediante las redes sociales que no se comunican a la delegación del Gobierno y que, en ocasiones, terminan en cortes de calles por parte de los manifestantes.

Para que haya persecución penal es suficiente con lanzar el mensaje de la convocatoria aunque finalmente no se concrete el acto de desorden, ya que se configura, según fuentes del Ministerio de Justicia, como un delito de peligro y no de resultado.

“Estas modificaciones responden a casos mediáticos, se está intentando reprimir a los que salen a la calle a defender los derechos sociales en una época en la que estamos sufriendo recortes brutales”, asegura Sanz, quien apunta además que no se está apuntando a “las causas socio-económicas de los delitos”.

“¿Dónde está el endurecimiento de las penas por delitos de cohecho o de corrupción, que son el verdadero cáncer que tenemos ahora mismo?”, se pregunta.

Supuestos para la “represión”

La nueva reforma convertiría en delito además acciones de “pillaje”, algo que a muchos les ha recordado a la acción de ‘expropiación’ del Sindicato Andaluz de Trabajadores al Mercadona de Sevilla.

“No se puede hacer que el hurto sea un delito leve, ya que más del 90% de las personas que cometen hurto tienen muy poco poder económico, y encima ahora van a tener antecedentes”, denuncia.

Además, la acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. Las amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad también serán consideradas delito, algo que, en opinión de Sanz, “da pie a una gran arbitrariedad por parte de la policía”.

“Se están dotando de herramientas punitivas frente a un movimiento que ha usado la no violencia como bandera. Se habían quedado desprovistos de supuestos que posibilitasen la represión contra una persona que se sienta, levanta las manos y no hace nada”, concluye Sanz.

Publicada originalmente en Público