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Varios

Indignación ante la resurrección de la Ley Sinde


Ha sido aprobada hoy en el Senado tras obtener el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios

Ilustración de JR Mora

Al final ha ocurrido lo que todos, aunque resignados, esperábamos. El PSOE, el PP y CiU, entre otros, han aprobado en el Senado -con 244 votos a favor y 12 en contra- una ley que en los últimos meses ha desatado una ardua polémica entre los ciudadanos. Si bien había sido ya tumbada en diciembre, estos grupos parlamentarios acordaron una serie de pequeñas modificaciones para volver a someterla a votación. Vamos, que si no se aprueba a la primera le echamos una capa de pintura y lo volvemos a intentar.

La Ley Sinde ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la ciudadanía y también de personajes públicos como el -por poco tiempo ya- director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, o el ex-presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Los defensores de esta ley esgrimen el argumento de la lucha contra la piratería y por los derechos de los creadores, mientras que sus detractores cargan contra lo que consideran que es una agresión al derecho a la libertad de expresión. Los primeros apuntan a las grandes ganancias de webs como SeriesYonkis  -Ignacio Escolar, aunque no posicionado a favor de la ley, intentó calcular los beneficios de este portal- y los segundos señalan al patrimonio de un pequeño número de grupos y autores -como el polémico Alejandro Sanz- o incluso de la misma SGAE.

La ministra de cultura, Ángeles González Sinde

El gran problema que tiene la Ley Sinde es que, ante un presunto delito de piratería por parte de un usuario, quien se encarga de denunciarlo y determinar si existe falta es un organismo administrativo, que será designado por el Ministerio de Cultura. Es decir, no se sigue la vía judicial, que es la que puede garantizar que se cumplan nuestros derechos como, en este caso, el de la libertad de expresión, si no que la vía administrativa es la que asume ese poder. El juez se limitaría a autorizar o no el trabajo de la comisión pero no a estar presente en el proceso.

Además, a esta ley se le reprocha su falta de claridad a la hora de determinar qué es lo que se penalizará -¿es penalizable una web que contenga enlaces a contenidos con copyright?- y permitirá la creación de una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. Ésta estará encargada de que los “infractores” que estén hospedados en servidores extranjeros vean bloqueado su dominio y controlada su IP.

Por si todo esto no fuera suficiente, la gota que colma el vaso fueron las filtraciones de Wikileaks respecto al caso: en diciembre pudimos saber que desde la embajada estadounidense se estuvo presionando al gobierno español para sacar adelante una ley como ésta para proteger los elevados beneficios de lobbys norteamericanos. Es decir, desde un gobierno extranjero se ha influido en nuestra justicia con el fin de proteger intereses dudosamente legítimos de grandes grupos empresariales y que, al final, han podido más que la presión de la ciudadanía. Un mal ejemplo de democracia.

Más info: “¿Qué es la Ley Sinde?” en Alt1040

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Acerca de Eduardo Muriel

Periodista y comunicador social. Actualmente vivo en Barcelona y desde allí colaboro con La Marea y escribo una columna en El Correo Extremadura

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